Génova 13

No me he leído los 50.000 folios en el hasta ahora denominado “caso o trama Gürtel” (Correa en alemán) de los que recientemente se levantó el secreto de sumario, pero sí un montón de ellos gracias a la colaboración de algún amigo y compañero periodista y de algún amigo de Génova 13.

Tengo la convicción de que si estamos ante un caso de financiación ilegal del PP como organización política a dos niveles: el primero, a nivel nacional; el segundo a nivel territorial, especialmente en la Comunidad Valenciana.

Una prueba importante de esto nos la da el propio PP de la Comunidad Valenciana cuando Camps y Costa declaran ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que “todas las intervenciones de Correa estaban ordenadas por el PP a nivel nacional”. Esto significaría que el origen de la propia trama corrupta está en la propia sede de Génova que era quien decidía quienes serían los proveedores preferentes de las administraciones municipales y autonómicas gobernadas por el PP.

A ello debemos de unir las ingentes cantidades de dinero que percibió el ex tesorero nacional, Luis Bárcenas, de la trama, cantidades que debió de invertir, unas en el sostenimiento económico de la organización y, otras, en su propio beneficio. Precisamente por este concepto declarará el miércoles la mujer del senador popular con el fin de que aclare de donde salió el millón de euros con que se pagó a tocateja la casa del Valle de Arán.
Correa y los suyos tenían una compleja maraña de sociedades en todo el territorio nacional que se dedicaban, unicamente, a la contratación y adjudicación pública en localidades y comunidades donde gobernaba el PP. Así las cosas, los adjudicantes, el partido y los políticos en cuestión, cobraban sendas cifras que acababan o en la tesorería de la organización o en los bolsillos de los actuantes.

En la Comunidad Valenciana fueron agraciadas con cantidades ingentes de obra empresas vinculadas a dirigentes del PP o a amigos personales de Bárcenas y de Camps. Es especialmente alarmante la presencia en todos los concursos y en las adjudicaciones digitales la empresa Sedesa, vinculada a la familia del Conseller Cotino. Esta y muchas como esta que recibían los encargos públicos pagaban un x % a Correa y “el Bigotes” con el fin de que estos destinaran tales cifras al sostenimiento del partido en la Comunidad Valenciana. Estaríamos, pues, ante un caso paradigmático de “financiación ilegal del partido”.

No me cabe la menor duda de que el origen de esta trama tiene su sede en Madrid y fue allí donde obtuvo los plácets para extenderse como una mancha de aceite por todo el territorio nacional gobernado por el PP.
Estaríamos, pues, ante un “Barcenas Gate” más que ante la “trama Gürtel” pues Correa, haciendo honor a su apellido, no era más que la correa de transmisión de las decisiones genovesas de un omnímodo y todopoderoso Bárcenas que actuaba a su antojo.

Aquí no caben excusas de que los de los socialistas con Filesa, más. La chorizada es chorizada aquí y allá. Además, pienso que el mayor caso de corrupción en España no ha sido Filesa sino el caso Roldán, el asalto de todo un Director General de la Guardia Civil a la caja de las víctimas del terrorismo y a los fondos reservados del estado. Esto y los asesinatos organizados por el Ministerio del Interior son la mayor vergüenza de la democracia española.

Pero esto no exime a nadie de otras responsabilidades que, por estar más próximas ideológicamente, no deberían de obtener la más mínima complacencia, excusa o contemplación.

No creo que sea justo negarle a Garzón el reconocimiento que se merece por su lucha contra ETA y el entramado político y financiero que, sin una persona con valor y determinación, hubiese sido prácticamente imposible de desmontar.

Pero es que muchas veces ese arrojo no nace de la convicción ética y del mandato legal de remover cuantos obstáculos pueda encontrarse un instructor en la averiguación del delito sino de su vanidad, y Garzón nos ha dado sobradas muestras de que con la mayoría de sus resoluciones lo que verdaderamente pretende abrir no es la fase procesal del juicio oral sino una página –a ser posible portada- en la historia de España.

Decía Benavente que la vanidad hace siempre traición a nuestra prudencia y a Garzón le ha jugado una mala pasada en el procedimiento contra la trama corrupta del PP denominada “caso Gürtel” y en la causa general contra el franquismo derivada de la torticera e injusta legalidad que de la “memoria histórica” tiene el gobierno socialista del inefable José Luis Rodríguez Zapatero.

Garzón es perfectamente consciente que el verdadero juicio, el que más daño puede hacer a un político, no es una sentencia condenatoria que –como la mayoría que recaen en la clase dirigente- se convierta en un expediente de conmutación de condena o indulto, sino una instrucción debidamente filtrada a la prensa con el fin de erosionar progresivamente la imagen de la persona en cuestión. Y él ha jugado a eso a sabiendas que iba a superar su papel de instructor convirtiéndose en inapelable juez sentenciador en el terreno social y mediático. Y esto no lo digo defendiendo el derecho de la presunción de inocencia de la clase política, pues soy de los que piensan que sobre ellas pende la contraria, la de culpabilidad, y del derecho que tenemos los ciudadanos a conocer –incluso en la fase de instrucción- qué político está imputado en la comisión de un delito u otro.

Pero Garzón manipula a su antojo y a la medida de sus ambiciones y bajezas todos estos derechos anteponiendo sus vísceras a los mandatos de las leyes procesales y del más elemental sentido común.

Los Gürtel son una panda de chorizos de todos los calibres que pululan por los pasillos y órganos del PP y sus fechorías son merecedoras de los castigos y reprimendas legales, pero Garzón no ha sabido ni querido reprimir sus miserias y, dando rienda suelta a su vanidad, ha actuado al margen de la ley perjudicando el sentido mismo de la justicia y del derecho a un procedimiento justo.

Hoy se ha filtrado (al parecer desde la propia sede de Génova) que Alejando Agag, el yernísimo de José María Aznar, pudo haber intervenido en la adjudicación de la construcción de la línea de AVE Madrid-Barcelona a una UTE (Unión Temporal de Empresas) participada por Berlusconi.

El sustancioso regalo de boda o precio de la intermediación pudo alcanzar la nada desdeñable cifra de 48 millones de euros que, en pesetas de aquel entonces, supone la casi ilegible cifra de 8.000.000.000 (léase ocho mil millones de pesetas).Añaden los maledicentes, pues, que quien pegó el braguetazo no fue Agag sino el propio Aznar que pasó a ser el “suegrísimo” del beneficiario.

El caso es que lo más florido de la pelota, el pelotazo y la bragueta política (léase Belusconi, El Bigotes, Correa…) se dieron cita en el monasterio del Escorial para dar testimonio del enlace entre el ojito derecho del ex presidente y este chico que, al final, nos ha salido mucho mas espabilado de lo que apuntaba su cara de gilipollas.

Y ahora que mentamos al idiota  me viene a colación la reciente rueda de prensa del inefable Pepiño Blanco, todo ufano él, diciendo que ”España será en el 2012 el país del mundo con mas kilómetros de alta velocidad”.

Ahora entiendo la poderosa razón que nos ha hecho liderar dicho ranking. No sé lo preciso y justo que podrá llegar a ser tan honroso título, pero en lo que me la juego a ciegas con cualquiera es a que somos la nación del mundo mundial con más chorizos por metro cuadrado y, encima, con cara de gilipollas.

A los hechos y cohechos me remito.

Esto no funciona. Es más, no puede funcionar. Es imposible. Zapatero dice ahora que para cubrir su desastre hemos de trabajar hasta los 67 para jubilarnos. Pero el problema es estructural con saturados tintes de inmoralidad y de corrupción. Mientras los españolitos de a pié tenemos que cotizar 35 años a la Seguridad Social para poder jubilarnos más o menos dignamente, un político español sólo tiene que cotizar 7. Pero a mayor abundamiento, a parte de sus salarios, complementos, dietas, canongías y oropeles, con los reglamentos pactados por el PP y PSOE a nivel autonómico, sus señorías tienen derecho a “finiquitos parlamentarios” a modo de despidos improcedentes y, por si esto no fuera poco, tiene el único sistema de pensiones público excepcional al sistema general del resto de humanos, lo que les hace cobrar de por vida más y, si fallecen, tiene carácter hereditario a viuda/o e hijos. Además, pueden cargar sus costes sociales (autónomos) de actividades privadas a las arcas parlamentarias y, para rematar, reciben complementos de los grupos parlamentarios en efectivo.

Una pregunta ¿Por qué los Tribunales de Cuentas no han auditado a los grupos parlamentarios nacionales y autonómicos ni una sola vez desde que se instauró la democracia en el 78?

Señores, hay que repensar y empezar de nuevo. Esto se va a la mierda. Y no ya por los defectos contables de nuestra economía sino, especialmente, por los morales. Las miserias de nuestra clase política, constituida en casta como premonizara Galdós en sus Episodios Nacionales, no sólo nos llevan al “corralito” económico sino hacia el fin de una duopolio político y mediático que se ha repartido la tarta del festín.

Los medios de comunicación, fidelizados con cargo a los presupuestos generales y autonómicos, han declinado cualquier responsabilidad y se hacen coautores del declive moral de lo público. Mientras media España sestea y retoza en el lodazal televisivo que le suministra inagotables dosis de vulgaridad, la otra media sigue cada vez mas narcotizada por una información debidamente manipulada a la comodidad del partido dominante.

La Constitución está hecha añicos, no sólo por la carga demagógica de su título primero que sucumbe ante la incontrovertible realidad de un 25 % de paro, sino porque las propias instituciones constitucionales no la defienden.

Y, mientras, Zapatero, en un alarde de irresponsabilidad histórica toca arrebato para despistar e invoca a todos los errores y horrores que detonaron nuestra última contienda fratricida.

Señores, como les digo, nos vamos a la mierda.

Camps y Rita están escenificando de cara a la galería un pulso en torno al transvase Tajo-Segura, esto es, la cesión de excedentes de agua entre Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana. El paripé consiste en hacernos creer que Cospedal defiende los intereses de Castilla mediante el blindaje del agua del Tajo en el nuevo Estatuto de Castilla La Mancha con el establecimiento de una reserva hídrica de 6.000 hm y Rita y Camps los de los Valencianos con el fin de garantizar el riego en las zonas de la Vega Baja alicantina. Pero el pescado ya está vendido. Todo es mentira y, lo que es peor, un acto irreflexivo de irresponsabilidad política.

Esperanza Aguirre, en un gesto de raciocinio y cordura ha dicho que el agua no es de nadie y menos para enfrentar a comunidades. Pero el neonacionalismo del PP pretende imprimir a cada acto público de sus líderes regionales un cuño de rivalidad interterritorial, incluso a sabiendas del peligroso rumbo y secuelas que siempre supone el enfrentamiento autonómico.

El PP vuelve a reeditar la pelea hídrica que protagonizaron Zaplana y Camps contra el PSOE, Marcelino Iglesias y el PP aragonés  por el blindaje del agua del Ebro en el estatuto maño. Camps hizo del agua del Ebro “casus beli” contra el PP y PSOE de Aragón acusándoles de insolidarios (cosa que es verdad) por regular en el art 17 de su estatuto la prohibición expresa de transvases de agua a la Comunidad Valenciana. Pero todo fue un paripé. Otro monumental numerito nacido de la maquinaria estratégica y electoral de Génova para vender ese producto de la asimetría territorial que tanto gusta al PSOE y a las minorías nacionalistas.

La prueba: todos los diputados populares valencianos en el Congreso de los Diputados en Madrid votaron a favor del nuevo estatuto aragonés donde se establecía la mentada prohibición del transvase a la Comunidad Valenciana. Primero lo hicieron en el seno de la ponencia en la Comisión Constitucional donde se debatió y, posteriormente, en el Pleno del Congreso donde se aprobó. No hubo ni una abstención u objeción de conciencia. Todas las manifestaciones, comunicados, ruedas de prensa y aspavientos no fueron más que fuego de artificio para mantener el escaparate regionalista-nacionalista de un PP de la Comunidad Valenciana que no dudó en traicionar su propio programa y a los regantes de la huerta de las comarcas de Castellón y Valencia.

Ahora, con el estatuto de Castilla La Mancha, el supuesto rifirrafe de Cospedal y Camps a cuenta del transvase del Tajo será más de lo mismo en vez de explicar a los habitantes de cada comunidad en qué consiste el principio constitucional y moral de la solidaridad entre las tierras y los ciudadanos de la nación española.