Génova 13

El futuro de Gonzalez Pons se enturbia cada vez más y Camps podría sumar una nueva imputación judicial a la que en este momento soporta por cohecho impropio de la trama “Gürtel”.

El juez José Castro da un paso más en el caso Urdangarín y ha citado como imputados a diez personas más, entre las que se encuentra Jaume Matas, el ex presidente que pagó cifras astronómicas al marido de la Infanta Cristina y que actualmente se sienta en el banquillo por otra pieza del caso Palma Arena. Sin embargo, según publica El Mundo, Castro también ha llamado a más testigos entre los que destacan nombres como el dirigente del PP González Pons; Francisco y Fernando Roig, hermanos del presidente de Mercadona; o el director del equipo ciclista Banesto Illes Balears, José Miguel Echávarri. Todos ellos firmaron contratos con el yerno del Rey. La primera citación de todos ellos es en calidad de testigos si bien no se descarta el que alguno o todos ellos puedan ser definitivamente imputados como  colaboradores necesarios de los delitos que se imputan a Urdangarin.

Después de la comparecencia de Inaki Urdangarín, prevista para el próximo 25 de febrero, comenzarán a declarar los nuevos imputados y testigos para aclarar su relación con el entramado de empresas del duque. Junto al expresidente balear, Castro ha citado como imputados los ex directores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia mientras Camps era presidente valenciano.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, más de cincuenta testigos tendrán que rendir cuentas sobre su relación con las empresas del duque. Entre ellos, se cuelan políticos, empresarios o deportistas con la misión de esclarecer cómo se gestaron los contratos con el Instituto Nóos bajo las presidencias de Camps y Matas en Valencia y Baleares. . Camps, como responsable último de la Generalidad Valenciana podría ser imputado como lo está ya Jaume Matas, expresidente de Baleares.

Pero no sólo estos expresidentes autonómicos están en el punto de mira. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, deberá aclarar ante el Magistrado el convenio de seis millones de euros que firmó con Iñaki Urdangarín que no llegarona ejecutarse pero si se paragon importantes cantidades de dinero público. En la misma línea, dos de los hermanos Roig también tienen que desvelar sus cuentas con Nóos. Francisco, expresidente del Valencia, pagó casi 300.000 euros al duque, mientras que su hermano Fernando, presidente del Villarreal, dio 690.000 por un informe de 10 folios copiado de Internet.

En el caso de Gonzalez Pons nos podemos encontrar con que sea él el que definitivamente arroje a su compañero de carrera y partido, el expresidente Camps, a los leones de la justicia. Recientemente, en una entrevista en la que s ele preguntaba por sus responsabilidades por haber firmado un contrato de 6 millones con Urdangarin en el que se pagó una cantidad al Duque de Palma sin haberse cumplido el contrato, Pons argumentó que el contrato lo firmó “porque lo dijo Camps y quién lo iba a pagar era el Vicepresidente Campos”.

Cuentan que Gonzalez Pons está que trina y que ni la elemental prudencia le detiene al exteriorizar el cabreo que le ha supuesto que su camisa blanca se quedara fuera del gobierno de Mariano Rajoy. Después de pasear con tanta seguridad su posible cartera por las delegaciones de los medios y de ser el quién ha alimentado lo que todos dábamos por hecho, el pobre está de lo más hundido.
Y es que Mariano Rajoy quiere gente especialmente competente, buenos técnicos y magníficos gestores, con curriculum profesional más allá de la histórica militancia y que, además, no esté en la cuerda floja en determinados procedimientos judiciales. Gonzalez Pons es sólo un chico de partido que ha escalado muchos puestos en la estructura del PP pero cuyo curriculum como gestor deja mucho que desear.
La reciente revelación en las investigaciones judiciales de la adjudicación “a dedo” y posterior firma del que fuera Conseller valenciano, Esteban Gonzlaez Pons, con Urdangarín de un contrato de comisión en la que el Duque de Palma se embolsaría la nada despreciable cantidad de 5 millones de euros ha hecho que Rajoy lo descartara definitivamente. Ni la rápida y contundente gestión de Esteban llamando a todos los medios para que retiraran de las cabeceras la noticia que le implicaba en la corruptela regia ha conjurado la fatalidad de verse desposeído de un ministerio.
Esteban, que debe de tener uno de los móviles con mayor gasto institucional, una semana después de recorrerse telefónicamente las delegaciones de los semanales , semanarios y diarios afines apostando por uno u otro y luciendo ya nuevo palmito, tuvo que volver a hacer el mismo recorrido pidiendo el favor de que minimizaran su relación con el tráfico y negocios de Inaki Urdangarin en la Comunidad Valenciana. Y es que el Caso del Duque de Palma sólo acaba de empezar y las consecuencias son imprevisibles. Tan imprevisibles como el Caso Gurtel del que conocemos sólo el color del traje de toda la trama de corrupción en la que el nombre de Gonzalez Pons ha salido a la palestra varias veces.
Dicen los autos que en 2006 Correa, el jefe de la trama, consiguió, a través de Castaño Corporate S.A., la adquisición de unos terrenos no urbanizables en La Nucía, en Alicante, comprados a un particular por 456.240 euros. Su objetivo era que el Ayuntamiento recalificara este suelo a urbanizable. Según las actuaciones policiales, el Grupo Begar, del empresario burgalés Ulibarri, fue el beneficiario de esa compra y su objetivo no era otro que venderlos por más del doble tras la recalificación. Correa estaba encargado de desbloquear el tema medioambiental mediante “nuestro hombre en Valencia”, en concreto, “el hijo de puta de Esteban Pons, nombrado Conseller de Obras Públicas” (sic). Así, en una de las citas, Correa explica que el empresario “pone la pasta, vamos al 50%, y de mi 50% reparto con Ramón Blanco, Álvaro (Pérez ‘El Bigotes’), Pablo Crespo y el alcalde de La Nucía (Bernabé Blanco)”. En total, la operación es de 8.000 millones de pesetas, y los implicados en la trama ganaron unos 12.000 millones.
Contaba también en su día que González Pons cayó en desgracia con Camps en Valencia tras el proceso de adjudicación de las licencias de televisión autonómicas en el que, al parecer, tuvo un excesivo protagonismo junto al ex Ministro Michavila, quien, a través de ”Eius abogados”, cobró la suma de 150.000 euros, y del que salió adjudicatario !de la mitad de licencias¡ el constructor Jose Luis Ulibarri, el mismo que salió beneficiario de la recalificación de los terrenos tras solventar, en la Consejería por aquel entonces regentada por González Pons, los problemas medioambientales que impedían su urbanización.
La adjudicación de licencias de televisión digital en la Comunidad Valenciana fue y sigue siendo, un auténtico escándalo ya que la mitad de las emisoras que llevaban años compitiendo en el espacio radiotelevisivo tuvieron que ceder la mayoría de su capital social en beneficio del burgalés Ulibarri, profano en la materia televisiva pero con la suficiente confianza política como para ser el adjudicatario de la mitad y más suculentas licencias. Posteriores ampliaciones de capital fueron orillando y minorando la presencia de los socios cabreados que se vieron abruptamente asaltados en la toma del poder mediático valenciano.
Rajoy ha hecho un buen gobierno, de gente de la que solemos llamar “seria”, sin concesiones a la “modernidad” y a la estridencia a la que últimamente el portavoz popular nos tenía acostumbrados con sus radicales “genialidades” “d´enfant terrible” de las que tanto alardea. Con todo esto, el sonriente y jacobino Gonzalez Pons se ha quedado sin cartera y su enamoradora sonrisa, helada.

La periodista Isabel Durán, al parecer, tiene suculentos contratos televisivos que le llevan, junto con bolos y demás, a la nómina inestimable de los 40.000 euros mensuales. Casi nada.

Esta galáctica de la mediación noticiera se ha convertido en la mamporrera periodística más beligerante que el PP tiene en su plantilla de voceros. De palabra violenta, mayestática, contundente y escasa de escrúpulos, no tiene más interés y misión que justificar a costa de lo que sea su abultada nómina. Para ello cuenta con toda la rabia que acumula entre sus labios, que ciñe como su ceño cuando no se gusta a sí misma y ve su cometido frustrado.

Su mala leche es digna de estudio y análisis pues concentra lo peor de la canallesca al servicio del poder y de la mentira.

Esto lo digo porque cuando en Génova quieren una “destroyer” mediática que se tire a cualquier charco, por infecto que sea, llaman a la Durán que le encantan este tipo de misiones por la que recibe las medallas al mérito mejor pensionadas por la derecha institucional.

La Durán se lo lleva crudo. Y bien crudo. La nómina de la Radiotelevissio Valenciana o Canal 9 es de verdadera galáctica pese a las quebradas cuentas del ente televisivo valenciano que acumula unas deudas tan infinitas como las soldadas que pagan a los que se prestan al juego sucio del PP. Y, a parte, lo de la Noria y todo lo demás.

Uno, que no es sospechoso de ser de izquierdas, ni de derechas, sino todo lo contrario -como dice mi amigo Pepetoni- cuando ve estos casos de rapiña periodística, tiene la tentación de callar por aquello del corporativismo. Pero como de “corpus” se trata, el mío no lo soporta y todo este tipo de defecciones mundanas, por muy mediáticas que sean, se merecen que se denuncien.

Esta profesión, que siempre ha tenido algo de bohemia, no puede abandonar la pobreza al precio que sea. Especialmente si sirve para convertirse en vocero d euna clase política corrupta que lo único que quiere es perpetuarse a base de poner a sueldo publico a quienes debemos de decir la verdad por encima de todo.

La Durán es de perfil bajo pero de buena soldada y sus, estimados, 40.000 euretes del ala no le autorizan a dejarnos a la profesión a la altura del betún.

Cataluña es, sin duda alguna, la comunidad española más endeudada de todas. Pero porcentualmente y en relación a la base poblacional y el Producto Interior Bruto (PIB) el rey del endeudamiento autonómico se llama Francisco Camps. Así lo dicen y certifican todos los datos del Banco de España, del Ministerio de Economía, de  las agencias calificadoras… etc. y de la propia ministra Salgado que, hoy, ha dado una rueda de prensa confirmando estos datos.

Una reciente estimación de la deuda de la Generalidad  y de sus empresas públicas gobernadas por Francisco Camps se aproxima a la escandalosa cifra de los 50.000 millones de euros, lo que sitúa a los valencianos en el “podium” de deuda como líderes, con creces, en toda España.

Esta deuda, que tiene su origen en el despilfarro y la mala gestión política,  alcanzaría el 45% del PIB de la Comunidad y, si se tiene en cuenta que la actual deuda de España tiene como obligados y garantes al Gobierno central en un 75%, a las CC AA en un 17 % y en casi un 8% a los ayuntamientos, por lo que podemos aseverar sin género de duda que la situación financiera en la Comunidad Valenciana, después de 16 años de gobierno del PP, alcanzaría niveles de gravedad superior a los registrados en Grecia. La Comunidad Valenciana está literalmente quebrada.

Según el PP, los grandes eventos habían generado 66 millones de visitantes (algo así como si la totalidad de italianos e irlandeses censados hubieran pasado por aquí) creado 270.000 puestos de trabajo (recordar como comparación que hoy tenemos 500.000 parados) y que habían generado unos ingresos de 9.000 millones de euros. Todo esto es pura ficción y fantasía ya que estaríamos hablando de un turismo extraordinariamente ocasional vinculado a determinadas fechas que, con la pérdida de Copa America por Rita Barberá, serán dificilmente revalidables.

La deuda generada por la administración valenciana se sitúa de esta manera en compromisos de pagos a 31 de diciembre de 2009: 29.500 millones de euros; deudas de las empresas públicas de la GV: 9.500 millones; deuda generada por la GV hasta septiembre de 2010: 2.300 millones.

Una vez comprobado que la suma alcanza la cifra de 41.300 millones, el resto, hasta los 50.000 millones son: mil millones (1.000 millon.) recientemente prestados a la GV por Bancaja y CAM  para poder afrontar los costes de sus fusiones ante la gravedad de sus cuentas de resultados;  las estimaciones existentes sobre facturas en los cajones, tanto por parte de las consellerías como por las empresas públicas; el déficit que inevitablemente generará el Plan Confianza de cientos de millones prometidos y sin pagar todavía por Camps para la promoción de empleo; y el vencimiento de determinados avales dados a entidades que no pueden afrontarlos.

Es probable que los valencianos aún no sean capaces de percibir, todavía, los efectos devastadores de esta deuda. Especialmente los  que aún tiene nla dicha de trabajar. Pero todos, sin excepción, notaran  sobre  sus lomos la carga de una desastrosa gestión.

Pero la osadía de Camps no tiene límites: ahora se presenta a su reelección en las próximas elecciones autonómicas con la pomposa promesa del pleno empleo para los casi 600 mil valencianos que están en paro. Y saldrá elegido, qué duda cabe. Como tampoco tenemos que dudar que,  si no refinancia su deuda y frena  la corrupción y el despilfarro,  no será capaz de crear un sólo puesto de trabajo y de volver a ganarse la confianza de la sociedad que todavía hoy le vota. Y eso, siempre,  con permiso de la justicia.

Resulta especialmente preocupante ver a la clase política española como se posiciona con especial cobardía ante el anuncio de ETA de dejar, por el momento, la lucha armada.

La palabra más utilizada por todos, desde el PP hasta IU, ha sido la de “decepcionante”. ¿Y qué esperaban? ¿Que les pidieran perdón? ¿Cómo es posible que exista tanta ingenuidad y falta de convicción democrática como para mostrarse “decepcionado” ante lo que no es más que otra tomadura de pelo de la banda terrorista?

Yo no soy quién, pero si me hubieran pedido mi opinión hubiera dicho a los cuatro vientos que lo que tiene que hacer los de la ETA es correr porque la sociedad española no les va a perdonar ni uno sólo del millar de muertos con los que han empañado la historia de nuestra transición democrática y los vamos ha perseguir hasta allá donde se escondan.

¿Radical? No, se llama justicia. Penoso ver al PP diciendo que lo que esperamos de ETA es que dejen la armas. Sr. Arenas, lo que esperamos de ETA y de todos y cada uno de sus miembros es que se pudran en la cárcel.

El perverso lenguaje que produce el terrorismo no es menos devastador que las ideas que genera. Existe una situación de magnanimidad general fruto de un síndrome de Estocolmo colectivo que nos lleva a perdonar a nuestros verdugos. Y ello es, además de una grave humillación a las víctimas,  fruto del envilecimiento de una clase política que renuncia a los más elementales principios de la justicia y de la equidad.